El pasado 21 de diciembre se aprobaron definitivamente en el congreso los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2010. Estos PGE tienen una especial importancia política y económica, por aprobarse en el contexto de una durísima crisis. El gobierno proclama que éstos son unos presupuestos austeros, que garantizan la protección social y el cambio de modelo productivo. Pero sólo la primera de estas tres condiciones se cumple. Es por ello por lo que, unos presupuestos que podrían haber sido un instrumento útil para contribuir a revertir la penosa situación económica de buena parte de la población española, no van a servir para otra cosa que para perpetuarla.
Con la aprobación de los presentes PGE, el gobierno tenía ante sí dos opciones: frenar el proceso de socialización de perdidas al que asistimos desde que estalló la crisis y atender las urgentes necesidades sociales y ecológicas del país o, por el contrario, seguir gobernando de espaldas a dichas demandas sociales. El ejecutivo ha optado por esta segunda opción.
Los PGE aprobados son muy austeros, en esto el gobierno sí tiene razón. El gasto público disminuye un 3,9% respecto de los presupuestos del año pasado, y los estímulos fiscales para enfrentar la crisis se reducen de 20.000 a 6.000 millones de euros. Se congelan los salarios de los empleados públicos y sólo se cubrirán el 15% de sus vacantes. El gobierno opta con ello por una fuerte contención del gasto público, escudándose en la necesidad de cumplir en 2012 los criterios fijados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento impuesto por Bruselas. En un contexto de fuerte descrédito de dicho corsé neoliberal, el gobierno, en lugar de cuestionar abiertamente el sentido antisocial de dicho pacto, procede a apuntalarlo.
Es cierto que más del 50% del gasto público irá destinado a gastos sociales (pensiones, vivienda, desempleo, etc.). Sin embargo, dado el tremendo impacto de la crisis laboral y social que vive actualmente la economía española, la tímida consolidación de estas partidas de gasto no va a garantizar las necesidades sociales actuales (por ejemplo, a día de hoy, un millón y medio de desempleados no cobran prestación alguna).
A esto hay que añadir, que los PGE son absolutamente insensibles a una realidad incontestable: las mujeres, que de por sí sufren una situación económica particularmente dura (mayores tasas de paro y pobreza, temporalidad, tiempo parcial, subempleo, etc.) están siendo, además, un colectivo especialmente golpeado por la crisis. Tanto la precariedad de nuestros servicios públicos (de educación, sanitarios, de servicios sociales, de fomento de la igualdad de género, entre otros), como el hecho de que la situación económica de buena parte de las familias españolas haya empeorado desde que estalló la crisis, repercute particularmente sobre la población femenina. Por una parte, esto se debe a que las mujeres son mayoría dentro del colectivo necesitado de este tipo de servicios sociales; y por otra, a que son esas mismas mujeres las que suplen con su trabajo (no remunerado y muchas veces ni siquiera reconocido) las carencias de nuestro raquítico Estado social. Pero los PGE que presenta el gobierno socialista no atienden en ninguna medida a esta dramática situación.
Es urgente que se destinen muchos más recursos de los presupuestados a servicios públicos de educación infantil, atención a la dependencia, o lucha contra la violencia de género (en un contexto de crisis en el cual, según los estudios realizados, el índice de agresiones se incrementa). Sin embargo, las pocas medidas de apoyo gubernamental, además de ser claramente insuficientes y estar orientadas a perpetuar un modelo ecológicamente insostenible, se concentran en sectores económicos (como la construcción o el automóvil) con sobrerrepresentación de mano de obra masculina. Ahora más que nunca, lo que necesitaríamos son unos PGE que garantizaran ayudas a todas las personas desempleadas (no sólo a las que han agotado la prestación por desempleo), que apoyara especialmente a los sectores económicos tendentes a reorientar nuestro modelo productivo hacia uno ecológicamente sostenible, y que consideraran explícitamente el impulso del empleo femenino de calidad como un objetivo en sí mismo.
Por otra parte, el gasto público en infraestructuras se reduce un 2,4% y el gasto en I+D+i lo hace un 3,1%. Además, estas partidas de gasto se concentran de nuevo en megaproyectos “productivos”, desatendiéndose la necesaria transición ecológica de la economía (que debería pasar por una fuerte reducción de las emisiones de dióxido de carbono y por el fomento de la rehabilitación inmobiliaria).
Por último, estos PGE traen consigo una reforma fiscal caracterizada por su regresividad. El gobierno prevé un aumento de los ingresos del estado de casi 6.000 millones de euros, fruto del aumento del IVA (que pasa del 16% al 18%), y del incremento del Impuesto sobre las rentas del Ahorro (desde el 18% hasta el 21%). Ambas medidas presentan un claro componente regresivo: los impuestos sobre el consumo los pagan en la misma medida personas con niveles de renta muy distintos, mientras que las rentas del ahorro sujetas al segundo de los impuestos –que además no aumenta progresivamente– se corresponden fundamentalmente con rentas de los asalariados (las grandes fortunas mantienen sus ahorros en las SICAV, cuyas plusvalías siguen tributando al 1%).
De este modo, el gobierno presenta unos presupuestos antisociales, regresivos y antiecológicos, que no cubren los principales desafíos que presenta en este momento la situación económica y social del país: se renuncia a fortalecer el gasto social como escudo ante la crisis para la mayoría de la población, se descartan fuertes inversiones públicas que sienten las bases de un nuevo modelo productivo ecológicamente sostenible y que integre por igual a hombres y mujeres, y se refuerza el carácter regresivo de la estructura impositiva.
La aprobación de estos presupuestos ha contado con el apoyo –ya previsto– de CC y PNV. Pero la aprobación de los PGE también ha sido respaldada por ERC, IU-ICV y BNG, fuerzas políticas que, a pesar no estar de acuerdo con el texto de los PGE, han permitido al gobierno su aprobación gracias al voto de las enmiendas en el Senado. Una vez más, la lógica de “pactar para influir” en las decisiones del gobierno invisibiliza la izquierda a la izquierda del social-liberalismo, defraudando con ello las posibles expectativas existentes en torno a la refundación de esta izquierda con las organizaciones y movimientos presentes en las luchas sociales. No parece coherente mantener simultáneamente un discurso “anticapitalista” (que incluye el llamamiento a la refundación de la izquierda transformadora) con el apoyo explícito– a la gestión de este gobierno.
Desde Izquierda Anticapitalista, y frente a esta orientación de “apoyo crítico” a los PGE 2010 que realiza la izquierda institucional, defendemos que ahora más que nunca son necesarios y posibles unos PGE claramente de izquierdas. Tres son los ejes que deberían vertebrarlos: el primero, levantar un “escudo social” que protegiese a l@s trabajador@s y las clases populares frente a la crisis (garantizando las coberturas por desempleo a toda la población, y el acceso a unos servicios públicos 100% y de calidad); en segundo lugar, los PGE deberían ayudar no sólo a salir de la crisis, sino a hacerlo de forma favorable a los intereses de la clase trabajadora, con especial atención hacia los grupos sociales más desprotegidos (mujeres, jóvenes, inmigrantes); y, en tercer lugar, estos PGE deberían constituir un importante punto de apoyo para la puesta en marcha de un nuevo modelo productivo (caracterizado fundamentalmente por un nuevo patrón de distribución de la renta y por la sostenibilidad ecológica).
Izquierda Anticapitalista apuesta por tanto por unos presupuestos alternativos y a favor de los intereses de la mayoría social; unos PGE que colaboraran en la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, avanzando en la extensión de los derechos sociales (recordemos que el gasto social del estado español está aún 10% por debajo de la media de la UE), como por ejemplo ampliar de las coberturas por desempleo, extender y garantizar la universalización de la sanidad y la educación a todos los niveles, potenciar los servicios de cuidados públicos a la infancia y a la tercera edad, etc. También deberían impulsar las necesarias inversiones en infraestructuras que actúen como colchón frente a la crisis y creen empleo, pero permitan transformar simultáneamente el actual modelo productivo.
Estos presupuestos alternativos podrían ser financiados mediante una subida de los tramos más altos del IRPF, la restauración del impuesto sobre patrimonio, la instauración de un impuesto sobre las grandes fortunas, elevando el gravamen de las plusvalías de las SICAV, eliminando las exenciones del impuesto de sucesiones y donaciones o combatiendo el elevado fraude fiscal.
Sin embargo, el gobierno renuncia –por convicción ideológica y por miedo al enfrentamiento con la patronal– a gobernar en beneficio de l@s trabajadores y las clases populares –es decir, sus propias bases electorales–, constatándose con ello, una vez más, su deriva liberal plegada a los dictados de Bruselas.
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