Ángel Robles
El alcalde de Marinaleda y parlamentario andaluz por IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y el secretario general del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), Diego Cañamero, se encuentran imputados junto a otras 16 personas por participar en la manifestación que el pasado 20 de agosto cortó las vías del AVE en Córdoba y ocupó la sede central de Cajasur durante varias horas.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaron ayer que el Juzgado de Instrucción número 1 ha imputado a estas personas la presunta comisión de un delito de alteración del orden público. En la protesta participaron alrededor de 800 trabajadores.
Las fuentes judiciales consultadas por El Día explicaron que al tratarse Sánchez Gordillo de un aforado el procedimiento "será largo", pues en primer lugar la autoridad judicial deberá de remitir un escrito al Parlamento andaluz para confirmar, efectivamente, que ocupa un sillón como diputado. Y en el caso de que el procedimiento continúe adelante, el juez tendrá que remitir la causa al TSJA. El juzgado de instrucción deberá decidir, además, si envía al alto tribunal andaluz sólo el proceso contra el regidor o el bloque de 18 imputaciones.
La manifestación fue convocada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y contó con la participación, entre otros cargos públicos, del alcalde de Marinaleda, el alcalde del municipio de Jódar (Jaén), José Luis Angulo, o el secretario general del Sindicato de Obreros del Campo (SOC). En Córdoba, la protesta estuvo liderada por la responsable del SAT en la provincia, Lola Álvarez.
Los aproximadamente 800 manifestantes llegaron a Córdoba en varios autobuses sobre las 11:00 desde distintas provincias andaluzas. Sin previo aviso, armados con un arsenal de pancartas y banderas de Andalucía, se dirigieron a la estación de trenes, accedieron a las plataformas y cortaron las vías de la Alta Velocidad.
La protesta obligó a interrumpir el AVE Madrid-Sevilla, que fue detenido a la entrada de Córdoba; el Alvia Madrid-Cádiz, que hizo una parada en Villanueva de Córdoba, y el Altaria Algeciras-Madrid. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) precisó que el acto de protesta afectó a 593 pasajeros.
Pero su protesta no se limitó a la estación de trenes de Córdoba, ya que tras obligar a interrumpir el tráfico ferroviario, siguiendo la avenida de América, se dirigieron a la sede central de Cajasur, en el Bulevar del Gran Capitán, e irrumpieron en el edificio, donde permanecieron hasta las 15:30. La Comisaría tuvo que pedir incluso refuerzos a Sevilla, aunque no llegaron a usar la fuerza.
Después de esta protesta, los obreros han continuado con una agenda de movilizaciones por toda Andalucía. En Málaga, llegaron a irrumpir en el Aeropuerto y el pasado 13 de septiembre volvieron a la provincia de Córdoba. En esa ocasión, unas 1.500 personas se concentraron ante la finca Hacienda Buenavista, propiedad de la duquesa de Alba, en el municipio de El Carpio. Potenciar las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas, crear más escuelas taller y ciclos formativos, eliminar la cotización del sello agrario si se está en el paro, aumentar el subsidio agrario de seis a diez meses y suprimir el número mínimo de peonadas para optar a una ayuda son algunas de las reivindicaciones.
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