jueves, 22 de abril de 2010

La Junta de Andalucía advierte al Ayuntamiento que podría cometer un presunto delito de prevaricación (noticias morón)

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla envió al Ayuntamiento el pasado 6 de abril un requerimiento, dirigido al Sr. Alcalde, en el que le advierte que podría cometer un presunto delito de prevaricación si no anula las medidas disciplinarias emprendidas contra los funcionarios, ya que son contrarias al ordenamiento jurídico. En caso de que persista la situación actual, con los afectados suspendidos, de forma provisional, de empleo y parte del sueldo, la administración autonómica indica al Consistorio que los hechos podrían dar lugar a responsabilidades penales y podrían motivar una impugnación contencioso-administrativa. Las presuntas irregularidades jurídicas cometidas son las siguientes: Presunto delito de coacciones; Presunta vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; Presunto delito de falsificación en documento privado; Presuntos vicios de nulidad de pleno derecho; Presunta vulneración del principio de proporcionalidad; Presunto delito de prevaricación.


Según ha podido saber Noticias Morón la cronología de los hechos es la siguiente:

3 de febrero de 2010. Se registra en el ayuntamiento la recusación contra Luis Barroso García como presidente del tribunal de selección de cinco plazas de administrativo, turno libre. La recusación la presenta una aspirante cuya firma no coincide con la que realizó en el documento de solicitud para optar a una de las plazas. A pesar de las alegaciones presentadas por el funcionario afectado, la Alcaldía acepta la recusación.

8 de febrero de 2010. Se celebra el primer examen del concurso-oposición para la cobertura, por promoción interna, de cinco plazas de administrativo. El tribunal de selección, compuesto por Javier Manchado Muñoz, como presidente, y Rosa María López Prado, como vocal, declara no aptos a dos de los seis aspirantes que concurren.

9 de febrero de 2010. La Sra. Secretaria del Ayuntamiento publica en el tablón de anuncios un listado en el que figura como aprobado uno de los concurrentes declarados “no apto” por el tribunal.

22 de febrero de 2010. Se convoca el tribunal para realizar el segundo ejercicio del concurso-oposición. El presidente titular, Javier Manchado Muñoz, recibe una llamada instándole a presentar un oficio en la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla, sin que esté justificada la urgencia del trámite. El tribunal se constituye presidido por un suplente, ante lo cual el representante de la Delegación del Gobierno en el mencionado tribunal manifiesta la discrepancia entre las notas acordadas por el tribunal y las publicadas por la Sra. Secretaria. Ante el conflicto, se celebra una votación en la que se acuerda la suspensión del segundo examen.

3 de marzo de 2010. Luis Barroso García recibe la notificación de su recusación como presidente del tribunal de selección para una plaza de Graduado Social, presentada por la Junta de Personal del Ayuntamiento y los delegados sindicales de CCOO y CSIF. Al mismo tiempo se presenta recusación contra otros dos vocales (titular y suplente). De nuevo, un decreto de la Alcaldía acepta la recusación.

12 de marzo de 2010. Javier Manchado Muñoz y Rosa María López Prado reciben una resolución de la Alcaldía sobre la presentación de una recusación contra ellos formulada por la Junta de Personal del Ayuntamiento y los delegados de las secciones sindicales del mismo. La Alcaldía emite un decreto aceptando la recusación.

26 de marzo de 2010. Se convoca de nuevo el tribunal para la aprobación de las actas anteriores, corrigiéndose el texto del borrador inicial en el que aparecían las calificaciones que no se ajustaban a lo realmente acordado por el tribunal. Tras aprobarse las actas, de manera inmediata, Javier Manchado Muñoz y Rosa María López Prado reciben la notificación de la apertura de sendos expedientes disciplinarios basados en los escritos que previamente habían presentado para alegar y defenderse de las recusaciones.

26 de marzo de 2010. Luis Barroso García también recibe la notificación de la apertura de un expediente disciplinario basado en las afirmaciones realizadas en su escrito oponiéndose a la recusación.

30 de marzo. La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía advierte al Ayuntamiento de Morón, a través de un requerimiento, de que podría cometer un presunto delito de prevaricación si no anula las medidas disciplinarias emprendidas contra los tres funcionarios, ya que son contrarias al ordenamiento jurídico.

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