La asociación estatal Europa Laica ha presentado hoy, en una rueda de prensa en Madrid, la campaña “En el IRPF, ninguna cruz”, con la que pide a los contribuyentes que no marquen la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica ni la de fines sociales en la declaración de la renta y reclama al Estado la eliminación de ambas. Esta asociación estatal impulsa esta iniciativa tras el inicio, por parte de la Agencia Tributaria, del proceso de declaración de la renta correspondiente al año 2009.
Europa Laica considera que el actual sistema impositivo supone una discriminación para los contribuyentes que no señalan ni la casilla de asignación tributaria para la Iglesia católica ni la de fines sociales, pues quienes marcan una o ambas casillas reducen su aportación al Estado en un 0,7% (o un 1,4% si marcan ambas marcan ambas). Con este sistema el Estado conculca el artículo 31 de la Constitución que indica todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en condiciones de igualdad.
Europa Laica rechaza la casilla de asignación tributaria para la Iglesia católica porque considera que el Estado fija para unos el privilegio de decidir a qué dedican el 0,7% de sus impuestos, mientras que otros no pueden decidir a qué entidad lo destinan. La propia existencia de esta casilla refleja el apoyo del Estado a la religión católica y la discriminación para ateos, agnósticos, indiferentes y creyentes de otras religiones. El Estado vulnera así el artículo 14 de la Constitución, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna.
Europa Laica rechaza también la casilla de asignación tributaria a fines sociales porque aproximadamente un 40% de lo que se recauda por este concepto se entrega a organizaciones y fundaciones católicas; de ahí que la jerarquía católica anime a marcar ambas casillas.
Esta asociación cree que los fines sociales que puedan cubrir las ONG son de tal importancia que deben ser financiados directamente por el Estado, sujetos a control del Parlamento y sin depender de los vaivenes recaudatorios.
Tanto la jerarquía de la Iglesia católica, que gestiona directamente el 0,7% (252 millones de euros en 2009), como las organizaciones católicas financiadas con la casilla de 0,7% a fines sociales, dedican parte de sus recursos a sufragar costosas campañas para promover la represión sexual, la discriminación por razón de género u orientación sexual, contra la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad, contra los avances científicos para mejorar las condiciones de vida y de salud, o contra la eutanasia y la muerte digna, muchas veces con agresivas acciones para deslegitimar leyes aprobadas por el Parlamento.
Europa Laica propone que los fieles financien de forma directa el culto y el clero de sus confesiones religiosas. Por ello, rechaza incorporar cualquier nueva casilla para otras confesiones religiosas, pues el Estado no se debe convertir en recaudador, y menos aún detrayendo fondos de la “caja común” del Estado.
Sólo el 34,3% de los contribuyentes marcó la casilla de la Iglesia católica
Según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 2009, el 21,7 % de los contribuyentes marcó sólo la casilla de la Iglesia católica, y el 12,6 % tanto la de la Iglesia católica como la de fines sociales. Así, el 65,3% de los contribuyentes no señaló la casilla de la Iglesia católica. No hay datos sobre el porcentaje que marcó sólo la de interés social o no marcó ninguna.
Más de 7.000 millones de euros
Por otro lado, con información recopilada de distintas Administraciones Públicas, Europa Laica ha presentado un informe en el que cifra en más de 7.000 millones de euros la financiación pública anual de la Iglesia católica, correspondiendo a cada ciudadano y ciudadana, sea o no creyente, sea o no católico, una dádiva o “cuota” anual de 167 euros. Las cifras desglosadas aproximadas son:
-3.900 millones de euros para subvencionar colegios religiosos concertados.
-2.000 millones a hospitales e instituciones de beneficencia religiosas.
-650 millones para sueldos de las personas que imparten religión en los centros escolares.
-400 millones para el sostenimiento del patrimonio inmobiliario, artístico, museos y catedrales.
-252 millones de euros por la casilla de asignación tributaria a la Iglesia católica en el IRPF.
-100 millones por la casilla de asignación tributaria a fines de interés social.
-20 millones a capellanías en cárceles, hospitales y cuarteles.
A ello hay que sumar el enorme costo para las arcas del Estado (central, autonómico y local) que suponen las cantidades que no se ingresan en concepto de IBI, licencias de obras, etc.
Tras 31 años de democracia y de vigencia de una Constitución que establece “que ninguna confesión tendrá carácter estatal”, las relaciones entre la Iglesia católica y el estado español no han cambiado sustancialmente, aunque la influencia de aquella sobre la sociedad sea mucho menor. El incremento de la financiación de la Iglesia católica por parte del Estado y los privilegios económicos, fiscales, simbólicos, jurídicos y políticos, de los que disfruta la iglesia católica, demuestra que estamos en un estado confesional encubierto, a juicio de Europa Laica.
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