1.- Que tales medidas constituyen, sin duda, el atentado más grave contra los derechos de los trabajadores/as perpetrado en este país desde hace más de 20 años. Por otro lado, supone también una vergonzosa cesión a las presiones que desde hace meses se vienen sufriendo desde los sectores empresariales y financieros, y va a representar, si no se remedia, el allanamiento definitivo del camino al poder para la derecha más rancia y reaccionaria representada por el Partido Popular.
2.- Que en lo tocante a las pensiones, desde SAT rechazamos rotundamente que ese presunto riesgo que el gobierno aprecia para la viabilidad futura del sistema (y sobre cuya veracidad habría mucho que discutir) únicamente pueda resolverse mediante las retrógradas medidas planteadas el viernes por el ejecutivo. Actuar así es, como siempre, hacer recaer el supuesto problema sobre las espaldas de los más débiles (los trabajadores de mayor edad), cuando de sobra es sabido que son muchas las medidas alternativas que se pueden adoptar, como, por ejemplo: acabar de una vez con la economía sumergida (25% del PIB) que propician los empresarios y por la que cientos de miles de trabajadores/as se ven obligados a trabajar sin cotizar, acabar por ley con los despidos y obligar a la banca y a las grandes empresas a crear empleos, terminar con el engaño de las prejubilaciones para mayores de 55 años que utilizan las empresas para reducir plantillas y dejar de pagar salarios y cotizaciones a los trabajadores/as, promover grandes inversiones públicas en escuelas infantiles y servicios a la dependencia para facilitar de verdad la conciliación de la vida laboral y familiar, financiar el posible déficit con impuestos progresivos detraídos a los que más tienen, etc. Existen, sin duda, otras medidas; lo que no hay, por desgracia, es valor y voluntad política suficiente para llevarlas a la práctica y hacer frente al inevitable malestar que generarían entre los grandes poderes económicos.
3.- Que en lo referente al plan de recorte del gasto público, este sindicato vuelve a decir con toda claridad que la manifiesta disparidad que hoy día sufren nuestros presupuestos públicos entre el capítulo de ingresos y el de gastos no responde, en absoluto, a un exceso de estos últimos, sino a una evidente insuficiencia de los primeros provocada, a su vez, por dos circunstancias fundamentales: de un lado, el vergonzoso nivel de fraude fiscal generado en su inmensa mayoría por los sectores empresariales y financieros y calculado, según los técnicos de hacienda, en 90.000 millones de euros; y, de otro lado, la regresiva política fiscal resultante de las sucesivas reformas practicadas en los últimos años (supresión del impuesto de patrimonio, reducción de los tipos máximos de IRPF, reducción del impuesto de sociedades, tributación al 1% para las sociedades de inversión de capital variable, múltiples exenciones y bonificaciones fiscales para los empresarios, etc.) y que han convertido a España en uno de los países de la UE donde menos impuestos pagan los ricos. Por tanto, no es reduciendo los gastos como hay que equilibrar las cuentas públicas, sino obligando a los ricos a tributar conforme a su capacidad real. No conviene olvidar, además, que las reducciones de gasto van a centrarse sobre todo, y según lo planteado por el gobierno el viernes, en las plantillas de las distintas administraciones, lo que aumentará sin duda el desempleo y deteriorará gravemente los servicios públicos.
4.- Que ante tan brutal agresión (propuesta por el gobierno y aplaudida por los empresarios) desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as reclamamos a las direcciones de los sindicatos mayoritarios que den un paso al frente en la defensa de los derechos de los trabajadores, y preparen con decisión las condiciones para una próxima convocatoria de huelga general en todo el estado que ponga pie en pared a la creciente influencia de la derecha económica y obligue al PSOE a gobernar a favor de las necesidades reales de la mayoría de la población. Casi un 20% de la población activa en paro y con más de la mitad de los trabajadores y pensionistas con ingresos inferiores a los mil euros al mes así lo reclaman. Defraudarlos no sólo sería una traición brutal, sino que, además, empujaría a la clase trabajadora en brazos de un PP ávido de poder para beneficiar aún más a los grandes empresarios.
http://www.sindicatoandaluz.org/
No hay comentarios:
Publicar un comentario